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¿Qué obligaciones implica para la empresa la Ley de Sostenibilidad Ambiental?

La Ley de Responsabilidad Ambiental, o Ley 26/2007 establece importantes medidas de sanción para aquellas compañías que causen perjuicios medioambientales y establece medidas para la prevención de cualquier daño de este tipo.

La propuesta, en línea con la normativa europea, persigue una importante labor de análisis y anticipación, así como un objetivo completamente orientado a la búsqueda del compromiso empresarial.

Las sanciones máximas son elevadas, alcanzando los 2 millones de euros o la suspensión de la actividad durante dos años para los casos catalogados como muy graves.

Ley de sostenibilidad ambiental al detalle: obligaciones para cualquier tipo de empresa

Si bien la Ley de Responsabilidad Ambiental enumera aquellas actividades expresamente obligadas a adoptar las medidas específicas de la norma, no excluye a todas las demás en las que las probabilidades de daños ambientales sean bajas de adoptar una serie de medidas en caso de provocar daños o si las circunstancias suponen amenazas de daño inminente. De hecho, esto último implica que se debe realizar un análisis de riesgos medioambientales independientemente de la actividad declarada de existir los mismos, así como a una valoración económica pormenorizada.

Si no fuera el caso, pero una determinada empresa de un sector no de riesgo se viese implicada en un daño medioambiental, la normativa establece la reparación del daño en caso de dolo/culpa o negligencia, así como la obligación de abonar en cualquier caso aquellas medidas orientadas al control, recuperación y limpieza. 

Empresas especialmente obligadas por la Ley de Sostenibilidad Ambiental

La Ley 26/2007 establece el listado de actividades específicas a los que se les exigen todas las medidas específicas orientadas a la prevención, así como garantías en caso de daño. Para todas ellas, la normativa contempla:

  • La obligación de disponer de un plan de prevención y gestión o un instrumento equivalente.
  • Contratación de un seguro, un aval o una reserva técnica que cubra esas situaciones de riesgo, desde los gastos de control y reparación, hasta las compensaciones. 

 Las compañías que desarrollan las siguientes actividades son las que deben garantizar obligatoriamente todas las medidas mencionadas en el párrafo previo son:

  • Explotación de instalaciones sujetas a una autorización ambiental integrada

  • Gestión de residuos y residuos de las actividades extractivas

  • Captación y represamiento de aguas

  • Transporte de mercancías peligrosas o contaminantes

  • Actividades relacionadas con sustancias peligrosas, productos fitosanitarios y microorganismos genéticamente modificados

  • Empresas en cuyo ejercicio se provocan vertidos en aguas interiores, subterráneas o al mar, y estén sujetas a autorización previa de conformidad

  • Empresas en cuyo ejercicio se liberen a la atmósfera de sustancias contaminantes

Accidentes medioambientales: modelo de actuación que recoge la Ley de Sostenibilidad Ambiental

La normativa recoge de manera específica qué deben hacer las empresas antes y después de que se produzcan daños ambientales. Aquellas que se recogen como empresas potencialmente más peligrosas para el medio deben desarrollar todos los puntos, mientras que las demás han de responsabilizarse de los mismos o actuar únicamente en materia de prevención ante un riesgo inminente.

  • Antes del accidente. Las compañías han de comunicar potenciales amenazas y prever los daños de las mismas de forma pormenorizada como medida especial de prevención. Al mismo tiempo, deben contar con seguros, avales o recursos económicos en caso de que los mismos llegaran a producirse. 
  • Después del accidente. Si la prevención a la que obliga la ley no consiguiese surtir efecto y se produce un daño, las empresas deben comunicar estos daños, así como responsabilizarse de los mismos y sus consecuencias. Se exige además enmendar el error planificando actuaciones futuras para prevenirlos. 

La responsabilidad ambiental empresarial más allá de la Ley 26/2007

Aunque la Ley de Sostenibilidad Ambiental obligue a determinadas empresas a crear planes de prevención específicos y regule el ámbito de actuación en caso de daño ambiental, son muchas las compañías que están excluidas por la labor que desarrollan, calificada de bajo riesgo. Pero eso no supone que deban obviar los asuntos relacionados con el medioambiente. Es más, en muchos sectores apostar por enfocar la responsabilidad social corporativa hacia el cuidado del planeta, con acciones que promuevan una mejora para el planeta y que la den a conocer entre su público.

De hecho, el informe y los premios Superbrands, uno de los certámenes más prestigiosos en materia de branding, y especialmente de RSC, pone de manifiesto cómo el consumidor actual está preocupado por valores corporativos y los menciona como influencia en la decisión de compra. Más del 60% reconocen prestar mayor atención al impacto social y ambiental de los productos que eligen. Y cuestiones como la honestidad y transparencia, innovación y autenticidad son importantes para más de un tercio de los encuestados.

Por tanto, más allá de que exista la obligación legal de seguir las normas recogidas en la Ley de Sostenibilidad Ambiental, aquellos sectores que no están afectados directamente por ella deberían plantearse la RSC orientada al medioambiente como una inversión a medio plazo en la que conquistar a su audiencia apostando por un valor diferencial.

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