En las últimas décadas, el concepto de sostenibilidad ha cobrado gran relevancia en el discurso público, político y académico. La sostenibilidad, entendida como la capacidad de las sociedades de satisfacer sus necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras, abarca dimensiones ambientales, sociales y económicas. Sin embargo, cuando se habla de sostenibilidad, es fundamental considerar su relación con una problemática igualmente apremiante: la desigualdad. En las sociedades contemporáneas, la sostenibilidad y la desigualdad están intrínsecamente vinculadas, ya que las crisis medioambientales tienden a exacerbar las desigualdades sociales, y la desigualdad dificulta el avance hacia una sostenibilidad efectiva. Este ensayo explora esta relación compleja, analizando cómo la desigualdad afecta los esfuerzos hacia un desarrollo sostenible y cómo los retos ambientales intensifican las disparidades sociales.
La desigualdad, en términos socioeconómicos, se refiere a la distribución desigual de recursos, oportunidades y poder entre diferentes grupos dentro de una sociedad. Esto puede manifestarse en diferentes formas, como la desigualdad de ingresos, la falta de acceso a servicios básicos (salud, educación, agua potable) o la marginación política. A medida que crece la brecha entre los más ricos y los más pobres, también aumentan las diferencias en el acceso a recursos esenciales y a los beneficios del desarrollo económico.
Este fenómeno tiene profundas implicaciones para la sostenibilidad. En muchas sociedades, las personas y comunidades más ricas consumen recursos de manera desproporcionada y, al mismo tiempo, generan una mayor cantidad de residuos y emisiones contaminantes. Según el World Inequality Report 2022, el 10 % más rico de la población global es responsable de aproximadamente el 50 % de las emisiones de carbono, mientras que la mitad más pobre contribuye con solo el 12 %. Esto revela que los individuos con mayores ingresos tienen un mayor impacto negativo en el medio ambiente, pero suelen ser los menos afectados por las consecuencias del deterioro ambiental.
Por otro lado, las comunidades más vulnerables y empobrecidas son las más expuestas a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. Por ejemplo, los desastres naturales, como inundaciones, sequías o huracanes, tienden a afectar de manera desproporcionada a las personas de menores ingresos que viven en áreas más expuestas y carecen de infraestructura adecuada para resistir estos eventos. Además, los pobres a menudo dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia, lo que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante la degradación de ecosistemas o la escasez de agua y alimentos.
Para que una sociedad sea verdaderamente sostenible, debe tener en cuenta no solo la protección del medio ambiente, sino también la justicia social. Las Naciones Unidas, a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconocen esta interdependencia al integrar la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades como objetivos clave para lograr un futuro sostenible. Sin embargo, los avances hacia estos objetivos a menudo son desiguales.
Las políticas públicas que buscan promover la sostenibilidad pueden, en ocasiones, exacerbar la desigualdad si no se implementan con una perspectiva de justicia social. Por ejemplo, los impuestos al carbono o las políticas de transición energética hacia fuentes renovables pueden incrementar los costos de vida, afectando de manera más severa a los hogares de bajos ingresos. En países en desarrollo, donde grandes segmentos de la población dependen de actividades como la minería, la tala o la agricultura intensiva para subsistir, la adopción de políticas ambientales estrictas puede poner en riesgo los medios de vida de millones de personas, a menos que se ofrezcan alternativas económicas viables.
Por lo tanto, es fundamental que las políticas de sostenibilidad sean inclusivas y equitativas. Esto implica garantizar que las comunidades más afectadas por la transición hacia una economía verde reciban apoyo adecuado, como subsidios para energía limpia, formación laboral y oportunidades de empleo en sectores sostenibles. Al mismo tiempo, las personas y empresas que contribuyen de manera desproporcionada al daño ambiental deben asumir una mayor responsabilidad, ya sea mediante impuestos progresivos o regulaciones más estrictas sobre sus emisiones y prácticas comerciales.
Una de las formas más evidentes en las que la desigualdad y la sostenibilidad interactúan es a través de lo que se ha denominado la «trampa de la pobreza ambiental». Este concepto describe el ciclo vicioso en el que las personas pobres dependen de la explotación intensiva de los recursos naturales para sobrevivir, lo que a su vez degrada el medio ambiente y perpetúa su pobreza.
Un ejemplo claro de esta dinámica es la deforestación en regiones tropicales. En muchas comunidades rurales, la tala de bosques es una fuente primaria de ingresos, ya sea para la venta de madera o para la expansión de la agricultura. Sin embargo, la deforestación no solo contribuye al cambio climático al liberar grandes cantidades de carbono a la atmósfera, sino que también degrada los suelos y reduce la biodiversidad, limitando las oportunidades económicas futuras para estas comunidades. Así, los pobres se ven atrapados en un ciclo donde la necesidad inmediata de ingresos lleva a la destrucción de los recursos naturales que son fundamentales para su subsistencia a largo plazo.
Para romper este ciclo, es esencial que las estrategias de sostenibilidad incluyan políticas que promuevan alternativas económicas viables para las comunidades vulnerables. Esto puede incluir incentivos para la agricultura sostenible, programas de conservación que generen ingresos (como el ecoturismo o los pagos por servicios ambientales) y la provisión de servicios básicos como acceso a agua potable, salud y educación.
El concepto de «transición justa» ha cobrado relevancia en el debate sobre sostenibilidad y desigualdad. Esta noción se refiere a la idea de que la transición hacia una economía más sostenible debe ser equitativa y no dejar atrás a los grupos más vulnerables. Una transición justa implica garantizar que los trabajadores en sectores contaminantes reciban apoyo en la forma de capacitación para nuevos empleos verdes, y que las comunidades dependientes de industrias fósiles no sufran un colapso económico abrupto.
Para que la transición hacia la sostenibilidad sea verdaderamente justa, es fundamental que los gobiernos y las empresas trabajen en colaboración con sindicatos, organizaciones comunitarias y otros actores sociales. Además, es crucial que las políticas de transición verde se adapten a las realidades locales y no sigan un enfoque único para todos los contextos.
La relación entre sostenibilidad y desigualdad es una de las cuestiones más complejas y apremiantes de nuestro tiempo. Si bien los desafíos son significativos, también lo son las oportunidades. Lograr un futuro sostenible no solo requiere la protección del medio ambiente, sino también garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan beneficiarse de la transición hacia una economía verde.
En última instancia, el éxito de los esfuerzos hacia la sostenibilidad dependerá de nuestra capacidad para abordar la desigualdad en todas sus formas. Las políticas que promuevan la equidad y la inclusión social, junto con la conservación ambiental, no solo ayudarán a mitigar los efectos del cambio climático, sino que también permitirán construir sociedades más justas, resilientes y prósperas para las generaciones futuras.
Este artículo se ha realizado en el marco de la Resolución de IVACE de concesión de una subvención al Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, para el fomento de la Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible en el año 2024.
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