La Aplicación de Cláusulas de Sostenibilidad en Pliegos de Contratos Públicos

La contratación pública juega un papel fundamental en la promoción del desarrollo sostenible. En España, la inclusión de cláusulas de sostenibilidad en los pliegos de contratación ha cobrado gran relevancia, ya que permite a las administraciones públicas alinear sus adquisiciones con objetivos ambientales, sociales y económicos. Esta práctica se ha reforzado con normativas nacionales y europeas que buscan convertir la contratación pública en una herramienta clave para la transición ecológica y la equidad social.

La integración de cláusulas de sostenibilidad en los pliegos de contratación genera múltiples beneficios, tanto ambientales como sociales y económicos.

Por un lado, permite la reducción del impacto ecológico mediante la exigencia, por ejemplo, de productos y servicios con bajas emisiones de carbono, el fomento del uso de materiales reciclados, la eficiencia energética o la incorporación de criterios de reutilización y reciclaje.

En el aspecto social, permite incluir cláusulas que impulsen la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión (personas con discapacidad, desempleados de larga duración, etc.), mejorar las condiciones laborales a través de la exigencia de salarios dignos y contratación estable o el fomento de la igualdad de género mediante políticas de equidad salarial y conciliación, por ejemplo.

Pero supone, además un aliciente económico, pudiendo incluirse criterios que incentiven a la innovación y desarrollo de tecnologías sostenibles, se apoye a las PYMESs  y empresas de economía social en los procesos de contratación, o se fomente la contratación de productos o servicios de Km 0.

La legislación española ha integrado progresivamente criterios de sostenibilidad en la contratación pública, en consonancia con las directivas europeas. La principal normativa aplicable es la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), que transpone al ordenamiento jurídico español las directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE sobre contratación pública.

La LCSP establece la obligación de incluir criterios sociales y ambientales en los procedimientos de contratación, destacando los siguientes aspectos:

1. Artículo 1: Establece que la contratación pública debe perseguir objetivos sociales y ambientales, además de garantizar eficiencia y transparencia.
2. Artículo 145: Regula los criterios de adjudicación y permite valorar propuestas con base en aspectos ambientales, sociales e innovadores.
3. Artículo 202: Obliga a incluir condiciones especiales de ejecución relacionadas con consideraciones sociales, laborales y ambientales.
4. Disposición adicional 4.ª: Fomenta la contratación con entidades de economía social y empresas con políticas de inclusión laboral.

A pesar de los avances, la implementación de cláusulas de sostenibilidad enfrenta varios desafíos.

El primero de ellos es la falta de formación y conocimiento en las administraciones, ya que la inclusión de estos criterios en los pliegos no es sencilla y muchos responsables de contratación desconocen cómo aplicar estos criterios en los pliegos.

Por otra parte, una vez adjudicado el contrato, existe cierta dificultad la supervisión del cumplimiento de criterios de sostenibilidad es compleja y requiere herramientas de medición adecuadas.

Hay que tener en cuenta que, para aplicar este tipo de criterios a los contratos de suministro, obra o servicio, hay limitaciones impuestas por la propia LCSP, como son:

1. Las cláusulas tienen que estar vinculadas al objeto del contrato;
2. Ser verificables objetivamente y no ser discriminatorias;
3. Adoptadas siguiendo un procedimiento abierto y transparente;
4. Accesibles a todas las partes interesadas;
5. No pueden suponer una restricción a la innovación.

En cuanto a su aplicabilidad práctica en los pliegos, este tipo de cláusulas pueden utilizarse para tres criterios de evaluación distintos:

• Como requisito de solvencia técnica
• Como criterio de adjudicación del contrato
• Como condiciones especiales de ejecución

Pero no todas las cláusulas pueden aplicarse en los tres tipos de criterios o requisitos. Hay que analizar el tipo de cláusula que queremos introducir y asegurarnos si se trata de un requisito de solvencia técnica (indispensable contar con él para presentarse a la licitación), de un criterio de adjudicación (evaluable, otorgando puntuación en el resultado de la licitación) o de una condición especial de ejecución (condición con la que deberá contarse en el momento de iniciar los trabajos).

Es por tanto necesario que los técnicos sean responsables de contratación sobre la aplicación y evaluación de criterios de sostenibilidad y puedan desarrollar indicadores claros para evaluar el cumplimiento de las cláusulas sostenibles.

La inclusión de cláusulas de sostenibilidad en los pliegos de contratación pública es una herramienta clave para promover el desarrollo sostenible gracias a la importancia que la contratación pública tiene en la economía y la influencia que puede ejercer sobre el sector privado.

Es fundamental continuar avanzando en la capacitación, medición y supervisión de estos criterios para garantizar que la contratación pública sea un motor de cambio hacia una economía más verde, inclusiva y socialmente responsable.

Este artículo se ha realizado para la OFICINA DE SOSTENIBILIDAD de la Cámara de Valencia con la financiación de la DIPUTACIÓN DE VALENCIA en el año 2024.