En 2025 la expansión renovable en España choca con un cuello de botella administrativo y de red: grandes colas de solicitudes de acceso y conexión, congestión de nudos, paralizaciones por trámites ambientales y conflictos locales, y una respuesta normativa reactiva del Gobierno. El resultado: retrasos, riesgo para la financiación de proyectos, pérdida de energía por “curtailment” y tensión política y social.

¿Cómo se manifiestan los problemas?

• Aluvión de solicitudes de conexión. La publicación de mapas y la percepción de últimos huecos en la red provocó un aumento masivo de peticiones de acceso/conexión en plazos muy cortos, saturando los procesos técnicos y administrativos.
• Congestión y vertido no integrado (curtailment). En 2025 se registraron picos relevantes de energía renovable que no pudo integrarse por limitaciones de la red, lo que erosiona ingresos y la viabilidad de plantas.
• Interminables trámites y solapamiento de competencias. El proceso de autorización combina permisos estatales, autonómicos y municipales (ambientales, de uso de suelo, urbanísticos, técnicos), lo que alarga plazos y multiplica revisiones. El propio MITECO mantiene herramientas y guías pero la ejecución sigue siendo compleja en la práctica.
• Respuesta normativa urgente y parches. Frente a la presión sobre el sistema eléctrico el Gobierno aprobó en 2025 medidas urgentes para reforzar el sistema, lo que refleja la naturaleza reactiva de la política ante problemas estructurales.

¿Por qué ocurren las causas principales?

• Capacidad de la red insuficiente y gestión de nudos. El crecimiento rápido de proyectos supera la capacidad física y la planificación de la red de transporte y distribución, y la asignación de puntos de evacuación no siempre está alineada con refuerzos.
• Burocracia fragmentada y solapada. Varios niveles de administración con competencias distintas (estatal, autonómica, local) generan duplicidad de trámites, plazos distintos y requisitos no armonizados.
• Evaluaciones ambientales y oposición local. La necesaria evaluación de impactos puede convertirse en cuellos de botella si no existen criterios de zonificación claros ni procesos rápidos de participación y compensación. El desarrollo de nuevas tecnologías (e.g., biogás) ha intensificado conflictos locales en algunos casos.
• Incertidumbre regulatoria y cambios acelerados. Reglas sobre acceso, mercados y prioridades operativas han cambiado con rapidez en 2024–2025; eso dificulta previsiones económicas y la toma de decisiones de inversores.
• Déficit de almacenamiento y flexibilidad. Sin suficiente almacenamiento ni mecanismos de flexibilidad, la red no puede absorber picos de generación renovable, forzando recortes y reduciendo ingresos.

¿Cuáles son las consecuencias prácticas?

• Retrasos en puesta en marcha de proyectos (meses o años adicionales).
• Pérdida de ingresos por curtailment; impacto directo en modelos financieros.
• Aumento del riesgo regulatorio y litigios: promotores demandan o recurren resoluciones; los cambios legislativos generan inseguridad jurídica.
• Competición por puntos de red y “acaparamiento” de huecos: la avalancha de solicitudes crea incentivos para presentar solicitudes masivas y reservar capacidad sin proyecto maduro, complicando la priorización.

¿Qué medidas que ya se han puesto sobre la mesa (y su limitación)?

• Mapas de capacidad y zonificación ambiental (MITECO). Herramientas para identificar áreas menos conflictivas y acelerar trámites, pero su aplicación local y la coordinación autonómica todavía es desigual.
• Medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico (RDL 7/2025). Normativa diseñada para aliviar tensiones del sistema, aunque muchas medidas requieren tiempo, inversión y coordinación con distribuidores y agentes.
• Adaptaciones de REE y las distribuidoras para gestionar el volumen de solicitudes. REE reconoce el reto y ha reforzado procesos, pero la solución exige inversión en infraestructura y cambios permanentes en procedimientos

¿Conocemos recomendaciones prácticas (qué convendría hacer)?

• Zonificación activa y vinculante. Transformar las herramientas de zonificación en criterios vinculantes para priorizar proyectos en áreas con menor conflicto ambiental y mejor capacidad de evacuación.
• Colas y criterios de prioridad más estrictos. Evitar “acaparamiento” mediante requisitos de hitos (p. ej. estudios, financiación, obras) para mantener el derecho de conexión; liberar espacios no usados.
• Agilizar y armonizar trámites interadministrativos. Ventanilla única real y plazos máximos predefinidos por ley con silencia positivo/negativo claro para evitar indefinición.
• Inversión en refuerzo de red y almacenamiento. Priorizar refuerzos de transmisión y distribución, y desplegar almacenamiento y gestión de la demanda para absorber picos renovables y reducir curtailment.
• Mecanismos de compensación y diálogo local. Modelos de participación y beneficio local (comunidad energética, empleo, canon) que reduzcan la oposición y aceleren la implantación.
• Mayor previsibilidad regulatoria. Planificación con horizonte plurianual y reglas estables sobre acceso, redispatch y remuneración de flexibilidad para que inversores puedan modelar riesgos.

La Generalitat Valenciana simplifica trámites burocráticos para agilizar proyectos energéticos.

La Generalitat Valenciana ha anunciado un paquete de medidas destinadas a reducir la carga administrativa en el sector energético, una iniciativa que busca impulsar la transición verde y dinamizar la inversión en la Comunidad Valenciana.

El nuevo plan de simplificación burocrática eliminará requisitos redundantes y unificará procedimientos, permitiendo que empresas y particulares puedan desarrollar proyectos renovables con mayor rapidez. Entre las novedades destacan:

• Aceleración de permisospara instalaciones de autoconsumo y parques renovables.
• Digitalización de procesos, reduciendo plazos de gestión.
• Asesoramiento gratuitopara pymes y autónomos que apuesten por la energía sostenible.

Esta reforma no solo beneficiará a empresas del sector, sino que también reforzará los objetivos de descarbonización de la Comunidad Valenciana. Según fuentes de la Conselleria, se espera atraer más de 200 millones de euros en inversiones y crear alrededor de 1.500 empleos en los próximos dos años.

¿Cómo afecta a ciudadanos y empresas?

• Particulares:Tramitar placas solares será un 30% más rápido.
• Empresas:Reducción de hasta un 50% en tiempos de licencias para proyectos eólicos y fotovoltaicos.

En definitiva, la Comunitat Valenciana tiene recursos y demanda política para un despliegue masivo de renovables, pero en 2025 la limitación ya no es (solo) la tecnología o el capital: es la gestión de la intersección entre red, administración pública y sociedad. Soluciones técnicas (redes + almacenamiento) deben ir acompañadas de reformas administrativas y de gobernanza que prioricen proyectos maduros, protejan la integridad ambiental y aporten seguridad jurídica. Con medidas coordinadas, es posible transformar el actual cuello de botella en una transición más ordenada y sostenible.

Este artículo ha sido financiado por Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y elaborado por Cámara Valencia.