Biometano: la transición energética necesita confianza, no solo tecnología

La Hoja de Ruta del Biogás, aprobada por el Gobierno de España en marzo de 2022, fija el objetivo de alcanzar los 10 TWh de producción en 2030. La realidad, sin embargo, dista mucho de ese horizonte: a cierre de 2024, España contaba con apenas 14 plantas de biometano operativas, según el 15.º Informe Estadístico de la European Biogas Association (EBA), frente a las más de 1.500 activas en el conjunto de Europa. La producción alcanzó los 327 GWh en 2024, una cifra que representa menos del 0,2% del potencial identificado. El contraste con Alemania —que produce más de 100 TWh al año— o con Dinamarca —donde en septiembre de 2024 el biometano ya equivalía al 37,5% del consumo nacional de gas— resulta, así, difícil de justificar solo desde la tecnoeconomía.

En este escenario de clara descompensación entre potencial y realidad, la proliferación de movimientos contrarios a la instalación de plantas de biometano se extiende como una mancha de aceite por el territorio español, y la Comunitat Valenciana no es, ni será, una excepción. Plataformas vecinales como “Stop Biometano Villangómez” (Burgos, 6.700 firmas recogidas en enero de 2025), “Lugo non quere cheiros” o la coordinadora de Campos del Paraíso (Cuenca, enero de 2025) ilustran un patrón que se repite: proyecto presentado, reacción vecinal, judicialización o paralización administrativa.

Conviene recordar, no obstante, que el biometano puede transformar un problema —los residuos orgánicos procedentes de las actividades ganaderas y agroalimentarias principalmente— en una oportunidad energética y territorial. Ahora bien, su despliegue no se decidirá solo en la redacción de proyectos de ingeniería o en las autorizaciones publicadas en los boletines oficiales: se decidirá en la calle, en los plenos municipales y en la percepción de justicia del proyecto. Sin licencia social para operar, el biometano corre el riesgo de convertirse en un conflicto recurrente más que en una solución compartida.

Del residuo al recurso: el verdadero cambio de enfoque

En el debate energético se habla con frecuencia de megavatios, redes y precios. Pero el biometano obliga a ampliar el marco, porque la materia prima ya no es un yacimiento estático, sino un flujo cotidiano de residuos orgánicos. Esta diferencia aparentemente técnica cambia, en realidad, las reglas del juego: cuando la gestión de la fracción orgánica y de los subproductos agroganaderos se entiende como un pasivo, se acumulan costes, emisiones y tensiones; cuando se gestiona como un activo, se abre una vía para ordenar y consolidar el territorio.

De ahí que el punto clave sea entender que el biometano no es solo una alternativa energética. Es, sobre todo, una pieza de política pública capaz de alinear transición energética y transición ambiental, siempre que se diseñe con criterios de proximidad, trazabilidad y control.

La dimensión social: empleo local, economía circular y mundo rural

Si el debate técnico es imprescindible, la dimensión social resulta igual de determinante. Un proyecto bien planteado puede activar una cadena de valor local: operación y mantenimiento, logística, servicios auxiliares, contratación de proveedores del territorio y, en general, empleo de calidad. Al mismo tiempo, puede contribuir a fijar población en zonas rurales donde los residuos orgánicos se concentran y donde la falta de oportunidades es estructural.

Sin embargo, esta promesa de impacto positivo solo adquiere credibilidad cuando se traduce en compromisos verificables: empleo local real, contratos locales, inversión social coherente con las prioridades del municipio y una gobernanza que no trate al territorio como mero soporte físico de una infraestructura. En muchos territorios, la simple palabra “planta” activa recelos inmediatos: miedo a los olores, al tráfico de camiones, al impacto sobre la calidad de vida y al efecto “que se haga, pero no aquí”. Es un patrón conocido y no conviene minimizarlo, porque no responde a una aversión irracional a la transición, sino a una evaluación de riesgos percibidos basada en experiencias previas, en déficits de control y, a menudo, en una comunicación tardía.

Es importante subrayar, por tanto, que en casi todos los casos de oposición a su instalación el argumento de los vecinos no es, en términos estrictos, un rechazo ideológico a la transición energética. Como declararon los portavoces de la plataforma burgalesa: “Renovables sí, pero no a cualquier precio” y “Se escuche a los pueblos antes de tomar decisiones que van a ser irreversibles”. De nuevo, lo que está en juego es una evaluación de riesgos percibidos —olores, tráfico pesado, contaminación de acuíferos, devaluación del suelo— basada en déficits de información y en experiencias previas con otras instalaciones.

La lección, vista la reiteración de estos conflictos, es clara: cuando un proyecto se presenta como un hecho consumado, la conversación se convierte en confrontación. En cambio, cuando se entra pronto, con información comprensible y con capacidad real de incorporar mejoras, la conversación puede transformarse en un proceso de concertación.

Cumplir la normativa es, en este contexto, condición necesaria, pero cada vez menos suficiente. Para evitar bloqueos y judicialización, el sector tiene que asumir que la licencia social para operar ya no es un “extra”, sino un requisito de viabilidad. Y esa licencia social no se compra: se gestiona con transparencia, participación temprana y rendición de cuentas.

En la práctica, esto implica pasar de un enfoque centrado en permisos a un enfoque de concertación social y territorial: identificar impactos, escuchar preocupaciones, definir mitigaciones y reportar resultados con indicadores claros. En otras palabras, una “due diligence social” tan exigente como la técnica.

Qué debería ser ya innegociable en cualquier proyecto

Si el objetivo es que el biometano sea percibido como oportunidad y no como imposición, hay un paquete de mínimos que debería ser estándar desde el diseño inicial y quedar plasmado en un plan de responsabilidad social vinculante, con indicadores verificables por terceros. Entre ese paquete de mínimos cabría incluir:

• Participación vecinal temprana y continua, antes de cerrar el diseño del proyecto.
• Transparencia de datos: información ambiental, operativa y de incidencias en formatos accesibles.
• Control ambiental exigente y trazable, con mecanismos de verificación y seguimiento independiente.
• Plan logístico robusto (rutas, horarios, capacidades) para minimizar tráfico, ruido y molestias.
• Canales de quejas y respuesta claros y ágiles en su resolución.
• Retorno tangible al territorio: empleo y contratos locales, inversión social y colaboración con el municipio, todo ello recogido en un plan de responsabilidad social que dé respuesta a las necesidades reales del territorio.

En definitiva, el biometano puede ser una palanca relevante de transición energética en España precisamente porque conecta energía, residuos y territorio. Pero el éxito no dependerá solo de la tecnología, sino de la forma de desplegarla. Proyectos bien planteados pueden ordenar la gestión de residuos, reducir emisiones y generar empleo local, mientras que proyectos mal gobernados pueden abrir una nueva línea de conflicto social.

La conclusión es sencilla y, a estas alturas, difícil de ignorar: sin gobernanza, transparencia y retorno local, el biometano pierde legitimidad. Con participación temprana, control ambiental exigente y compromisos verificables, puede consolidarse como una solución madura y socialmente aceptada.

Artículo elaborado por Instituto Imedes.