Recientemente, la Unión Europea aprobó en fecha de 9 de diciembre de 2021 el documento titulado “Construir una economía que funcione para las personas: un plan de acción para la economía social”.

Con este documento, la Comisión Europea culmina un proceso de afianzamiento de sus políticas sociales que se inicia en 2015 con la Declaración de Luxemburgo titulada “una hoja de ruta hacia un ecosistema más completo para las empresas de economía social” y que cogió fuerza con el “Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales”. De por medio infinidad de documentos y declaraciones que conforman lo que ha venido a denominarse el Código Normativo Social de la Unión Europea.

El planteamiento que efectúa la Comisión, es el de fomentar la innovación social, apoyar el desarrollo de la economía social y finalmente impulsar su poder transformador social y económico. Y es que, se reconoce que la economía social tiene una poderosa palanca para la creación de empleo y para la innovación social y que pueden existir proyectos económicamente viables basados ​​en fuertes valores sociales como el empoderamiento ciudadano, siendo la economía social el modelo económico que ha capeado la crisis económica mejor que muchos otros.

Para alcanzar este objetivo entre otras medidas, se prevé apoyar no sólo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a las empresas y empresarios, adecuando las normas laborales al futuro del trabajo, ya que las condiciones laborales en la Unión son de las mejores del mundo, debiendo abordar conceptos tales como la pobreza de los ocupados y la desigualdad.

Igualmente, se prevé mejorar las normas de salud y seguridad en el trabajo ya que no sólo resulta esencial para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, sino que también es beneficioso para la productividad laboral, el empleo y la economía en general.

Trabajar en ese sentido supone reconocer, entre otros, que una mano de obra cualificada representa el motor de una economía próspera, verde y digital, impulsada por ideas y productos innovadores y avances tecnológicos, teniendo que fortalecer la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y de equilibrio, entre la vida privada y la vida laboral facilitando la conciliación de ambas.

Se plantea fomentar  la inclusión social y luchar contra la pobreza  para romper los ciclos intergeneracionales de las desventajas, estableciendo unos regímenes de renta mínima y una política de acceso a una vivienda asequible

Se dota, en primer lugar, de medidas legislativas que unifiquen el concepto de Economía social que hay en Europa. Se dota igualmente de medidas de acción de apoyo de determinados sectores como, por ejemplo, las personas con discapacidad, los migrantes y  la juventud entre otros.

Pero si alguna medida hay que destacar, esa es la de la fiscalidad, ya que se prevé que la política fiscal de la UE favorezca el desarrollo de los actores de la economía social, a través de los innumerables instrumentos fiscales y financieros que ésta facilita.

Como por ejemplo, el programa Next Generation EU y MRR, que cuentan con un presupuesto de 672 500 millones EUR, o el Fondo Social Europeo + que cuenta con 88 000 millones EUR, y que sigue siendo el instrumento principal de la UE para respaldar la aplicación del Pilar Social y alcanzar los tres objetivos principales propuestos por la UE

Además, se contempla una serie de acciones de mejora del acceso a los mercados a través de la contratación publica socialmente responsable, ya que ésta representa el 14 % del PIB europeo, reconociéndose en gran medida como un instrumento político clave para apoyar el desarrollo de la economía social y las empresas sociales.

Todo lo anterior allana el camino para un correcto impulso de la innovación social, para fomentar de la digitalización y para una mayor contribución de la economía social al Pacto Verde Europeo y la Economía Circular.

La Unión Europea aspira a convertirse en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, sin dejar a nadie atrás.

Fruto de ello, ha sido la reciente aprobación por las cortes españolas de la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que marca un antes y un después en el desarrollo de la Economía Circular que existía en nuestro territorio.