La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se refiere a las acciones y prácticas voluntarias que una empresa adopta para tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, más allá de sus obligaciones legales y financieras. Se centra en cómo una empresa contribuye al bienestar de la comunidad, promueve prácticas laborales justas, respeta los derechos humanos, cuida el medio ambiente y se involucra en actividades filantrópicas.
LAS TRES DIMENSIONES DE ESTA NUEVA VISIÓN EMPRESARIAL
¿CÓMO PUEDEN LAS EMPRESAS IMPLEMENTAR ESTAS ACCIONES Y PRÁCTICAS?
Desde principios de 2023 existe una opción para que las empresas contrasten y demuestren su grado de compromiso con la Responsabilidad Social: el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables.
Se trata de un registro nuevo al que pueden optar las entidades valencianas o que realicen operaciones en la Comunidad Valenciana. Pero no es un registro totalmente abierto, y para poder inscribirse en el registro, las empresas tienen que superar una barrera de indicadores sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno, que no siempre está al alcance de todas las empresas.
El RVESR se crea realmente en el año 2018, por la Ley 18/2018 de 13 de julio de la Generalitat para el fomento de la responsabilidad social, si bien no se desarrolla hasta finales del año 2022 cuando el 25 de noviembre se publica el Decreto 200/2022 por el que se regula la responsabilidad social en las entidades valencianas, estableciéndose las bases para la puesta en marcha del registro, que se hace efectiva en el primer trimestre de 2023.
¿CÚAL ES EL OBJETIVO DEL REGISTRO?
El registro tiene como objetivo regular la calificación, renovación, homologación y renovación de las entidades valencianas socialmente responsables, así como la realización de la auditoría social necesaria en gran parte de este proceso.
Más concretamente, y atendiendo a lo que establece la Generalitat Valenciana, SUS OBJETIVOS son:
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN EL EL REGISTRO?
Pueden solicitar la inscripción las empresas, incluyendo las cooperativas y entidades de economía social, las entidades y organizaciones, tanto públicas como privadas, y los trabajadores y trabajadoras autónomas, que cuenten con centros de trabajo, oficinas o establecimientos en el territorio de la Comunitat Valenciana.
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