En el complejo escenario empresarial contemporáneo, la sostenibilidad se posiciona como un mandato estratégico irrefutable. Las empresas, tradicionalmente reactivas, ahora adoptan un enfoque proactivo y anticipatorio, crucial para navegar el entorno regulatorio vigente. Esta evolución promueve una simbiosis con los grupos de interés (GI), alineando el propósito corporativo con las expectativas sociales y asegurando la licencia social para operar.
La integración auténtica de los GI en la estrategia de sostenibilidad trasciende el mero box-ticking. Impacta profundamente en cada aspecto organizacional, catalizando transformaciones culturales y de mentalidad. En este contexto, la comunicación efectiva emerge como el nexo esencial que vincula los esfuerzos empresariales y fortalece la reputación.
Involucrar a los grupos de interés en la estrategia de sostenibilidad es crucial social, corporativa y legalmente para el éxito a largo plazo. Esto demuestra un compromiso genuino con la responsabilidad social y ambiental, ganando la preferencia de consumidores cada vez más informados y el respaldo de inversores que valoran la gestión sostenible como un factor de resiliencia y rentabilidad.
Las recientes Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) imponen nuevos estándares. La CSRD amplía los requisitos de divulgación de información no financiera, obligando a detallar con mayor granularidad los impactos ESG. La CSDDD, por otro lado, exige identificar, prevenir, mitigar y reportar efectos adversos en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de la cadena de valor. Estas regulaciones no solo buscan aumentar la transparencia, sino también garantizar que las empresas asuman una responsabilidad activa en la gestión de sus impactos.
Ambas normativas exigen la participación significativa de los GI. La CSDDD redefine la relación empresa-grupos de interés, convirtiendo esta interacción en una obligación legal mediante consultas periódicas y transparentes durante el proceso de diligencia debida. Esto incluye la identificación y mitigación de impactos adversos, atención a grupos vulnerables y provisión exhaustiva y pertinente de información. Además, las empresas deben desarrollar indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar la efectividad de sus políticas de sostenibilidad, impulsando la mejora continua.
Por su parte, la CSRD exige que las empresas informen detalladamente sobre cómo gestionan sus relaciones con estos grupos y cómo influyen en las decisiones corporativas. A través de los European Sustainability Reporting Standards (ESRS), se especifica cómo deben reportar las empresas los intereses y opiniones de los GI, describiendo la colaboración, los resultados y los cambios estratégicos resultantes. Además, deben divulgar las políticas adoptadas para gestionar cuestiones de sostenibilidad y el papel de los grupos de interés en la evaluación de impactos, riesgos y oportunidades.
¿Por dónde empezar?
Según Edward Freeman, «Detrás de cada crítico, hay una nueva idea de negocio». Una escucha activa de los grupos de interés puede ayudar a descubrir nuevas oportunidades y convertir a los distintos GI en aliados estratégicos.
Aquí van algunas recomendaciones básicas que pueden servir como punto de partida:
Natalia del Arco, Executive Associate de Negocio Sostenible en KREAB España. Especializada en sostenibilidad social.
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