Los paquetes de medidas de la UE y aquellas que el propio Gobierno incentiva respecto al cambio climático van a menudo en contra del beneficio de los comerciantes, fabricantes y transportistas, entre otros. O eso han expresado a través de dos asociaciones en el último Congreso de Desarrollo Sostenible.
Estas asociaciones demandan una relación estrecha y cooperativa entre sostenibilidad y competitividad, para que a medida que se gana en políticas verdes la economía nacional no se venga abajo y las pymes y pequeñas empresas puedan seguir a flote.
Sin embargo, el Gobierno apremia y urge a incluir medidas, especialmente aquellas destinadas a regular el consumo de plásticos, debido a su papel protagónico en la contaminación.
Según el estudio más reciente de la OCDE solamente el 9% del plástico mundial se recicla, pero es que además, a pesar de que en los últimos años parece haber existido cierta reducción en su producción, los plásticos de un solo uso han aumentado este año. Es decir, plásticos que no volverán a utilizarse y que en la mayoría de los casos, no se reciclarán.
El crecimiento es tal que solo en este último año se ha fabricado el doble de plástico que en el año 2.000, hasta 460 millones de toneladas. Y como aumenta su producción, aumentan sus residuos, los cuales son vertidos a ríos y mares, en este último ya habitan 30 millones de toneladas.
Más allá de los nocivos efectos de la producción de plásticos, el mayor inconveniente es la mala gestión de basuras y residuos que es donde diversos grupos, asociaciones y gobiernos quieren centrar sus esfuerzos para no dañar a los fabricantes.
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reclamaron en el 4º Congreso de Desarrollo Sostenible mayor complementariedad entre competitividad y políticas verdes. Según manifiestan, la legislación actual no permite que las compañías se adapten a tiempo.
El director general de AECOC, José María Bonmatí, ha querido expresar su preocupación y también manifestar su acuerdo con la nueva legislación y sus objetivos que comparten las diferentes empresas e industrias. El punto de desacuerdo se encuentra en los plazos, que ha tachado de poco realistas.
También, Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, pidió más comunicación y diálogo para fijar medidas conjuntas y evitar aquellas que sean imposibles de cumplir para los diferentes comercios. Finalmente también señaló que estas medidas españolas no son cercanas a las recomendadas por la Unión Europea y que ponen en riesgo tanto a las pymes como a los puestos de trabajo y la calidad de vida de los empleados.
Por ello el problema no estriba tanto en cumplir los objetivos, sino en los plazos y principalmente en dos normativas: La ley de residuos y suelos contaminados y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases.
La ley de residuos transpone una directiva europea y además, quiere incluir un impuesto al plástico de un solo uso que es el que causa un mayor impacto ambiental. Este impuesto llegaría a acumular 2.000 millones de euros. Por supuesto, esta medida llevaría a una subida de precios “inevitable”.
La ley de Residuos y también el Real Decreto de envases según FIAB suponen un enorme peligro pues podría llevar a un buen porcentaje de empresas de envases a la quiebra y en consecuencia afectar a otras compañías que tengan relación en la cadena, como transportistas, agricultores, laboratorios, agencias de marketing, y un largo etcétera.
El Gobierno busca reducir el peso total de los residuos de los envases, primero en un 13% y luego en un 15% para 2030. Asimismo, busca que para esta misma fecha todos los envases sean 100% reciclables y también, a ser posible, reutilizables.
¿Y cuáles serían las medidas? Por ejemplo, incentivar la compra a granel en grandes superficies.
Otra propuesta es que para el año 2023 ya no existan más frutas y verduras envasadas en plástico. Y, que todas las bebidas envasadas estén en envases reutilizables.
Existen dos fuerzas aparentemente antagónicas que hasta la fecha no encuentran medidas comunes. Sin embargo, el perjuicio sobre cualquiera de las dos partes sería un perjuicio a la población en forma de: pérdida de empleo, aumento de impuestos, aumento de la deuda y de otro lado, un medioambiente más contaminado y nocivo.
Imágenes: Unsplash y Freepik
¿Eres un patrocinador de soluciones de sostenibilidad y quieres aparecer en este portal?
¿Eres una empresa y no encuentras lo que estás buscando?
Recibe cada dos semanas todas las novedades sobre sostenibilidad empresarial.