La propuesta, en línea con la normativa europea, persigue una importante labor de análisis y anticipación, así como un objetivo completamente orientado a la búsqueda del compromiso empresarial.

Si bien la Ley de Responsabilidad Ambiental enumera aquellas actividades expresamente obligadas a adoptar las medidas específicas de la norma, no excluye a todas las demás en las que las probabilidades de daños ambientales sean bajas de adoptar una serie de medidas en caso de provocar daños o si las circunstancias suponen amenazas de daño inminente. De hecho, esto último implica que se debe realizar un análisis de riesgos medioambientales independientemente de la actividad declarada de existir los mismos, así como a una valoración económica pormenorizada.

Si no fuera el caso, pero una determinada empresa de un sector no de riesgo se viese implicada en un daño medioambiental, la normativa establece la reparación del daño en caso de dolo/culpa o negligencia, así como la obligación de abonar en cualquier caso aquellas medidas orientadas al control, recuperación y limpieza. 

La Ley 26/2007 establece el listado de actividades específicas a los que se les exigen todas las medidas específicas orientadas a la prevención, así como garantías en caso de daño. Para todas ellas, la normativa contempla:

• La obligación de disponer de un plan de prevención y gestión o un instrumento equivalente.
• Contratación de un seguro, un aval o una reserva técnica que cubra esas situaciones de riesgo, desde los gastos de control y reparación, hasta las compensaciones. 

 Las compañías que desarrollan las siguientes actividades son las que deben garantizar obligatoriamente todas las medidas mencionadas en el párrafo previo son:

La normativa recoge de manera específica qué deben hacer las empresas antes y después de que se produzcan daños ambientales. Aquellas que se recogen como empresas potencialmente más peligrosas para el medio deben desarrollar todos los puntos, mientras que las demás han de responsabilizarse de los mismos o actuar únicamente en materia de prevención ante un riesgo inminente.

• Antes del accidente. Las compañías han de comunicar potenciales amenazas y prever los daños de las mismas de forma pormenorizada como medida especial de prevención. Al mismo tiempo, deben contar con seguros, avales o recursos económicos en caso de que los mismos llegaran a producirse. 
• Después del accidente. Si la prevención a la que obliga la ley no consiguiese surtir efecto y se produce un daño, las empresas deben comunicar estos daños, así como responsabilizarse de los mismos y sus consecuencias. Se exige además enmendar el error planificando actuaciones futuras para prevenirlos. 

Aunque la Ley de Sostenibilidad Ambiental obligue a determinadas empresas a crear planes de prevención específicos y regule el ámbito de actuación en caso de daño ambiental, son muchas las compañías que están excluidas por la labor que desarrollan, calificada de bajo riesgo. Pero eso no supone que deban obviar los asuntos relacionados con el medioambiente. Es más, en muchos sectores apostar por enfocar la responsabilidad social corporativa hacia el cuidado del planeta, con acciones que promuevan una mejora para el planeta y que la den a conocer entre su público.

Por tanto, más allá de que exista la obligación legal de seguir las normas recogidas en la Ley de Sostenibilidad Ambiental, aquellos sectores que no están afectados directamente por ella deberían plantearse la RSC orientada al medioambiente como una inversión a medio plazo en la que conquistar a su audiencia apostando por un valor diferencial.