El análisis concluye que los datos que han publicado las 50 principales compañías que cotizan en bolsas europeas no resultan adecuados. De hecho, más de dos tercios no informan adecuadamente sobre los riesgos ambientales y climáticos, pese a que se trata de uno de los pilares de la Directiva, y una de las claves para conseguir alcanzar los objetivos continentales en 2050.

Cabe señalar además que la Directiva de información no financiera de Europa, y su trasposición con la Ley 11/2018 en el caso español fueron las primeras normativas orientadas a solicitar estos datos a las compañías, por lo tanto, no existe un precedente sobre el que basarse.

También es cierto que los recursos de los que disponen -al hacer dicha memoria obligatoria solo ante determinados requisitos económicos y de personal laboral-, podrían ser una razón de peso para que estas empresas comenzasen a crear ellas mismas determinados estándares.

La parte positiva es que en ambos casos se reconoce que hay una evolución en la calidad de la información no financiera que presentan las compañías analizadas. Si bien todavía falta compromiso para que se convierta en un verdadero requisito de rendición de cuentas.

La posible solución puede tener un enfoque coercitivo, a través de sanciones por incumplimientos de la directiva que, por el momento, los gobiernos no están llevando a cabo.

También existe una línea intermedia de intervención en la que se creen estándares concretos para que las compañías se plieguen a los mismos. Sin embargo, también es una realidad que la propia sociedad puede exigir esta nueva perspectiva.

Probablemente a medida que esa perspectiva social se incremente, las empresas tendrán que dar al consumidor lo que le solicita. Pero mientras eso no ocurre, las pymes pueden aprovecharse de la coyuntura apostando por una RSC muy enfocada al medioambiente que les ayude a destacar frente a la competencia y conectar de manera genuina con ese nuevo consumidor ecoresponsable.