La Comisión Europea ha emprendido una serie de acciones jurídicas contra 17 países de la UE, entre ellos España, tras el incumplimiento de los acuerdos establecidos en el Pacto Verde del 11 de diciembre de 2019.
Este paquete de procedimientos de infracción, que aborda distintas áreas de actuación (residuos, calidad del aire, pesca, aguas residuales, entre otros), incluye dictámenes motivados (último aviso antes de poner el caso en manos del Tribunal de justicia de la UE) en los que exige una inmediata actualización de las legislaciones nacionales para adecuarlas a los objetivos del pacto comunitario.
España, Bélgica, Chequia, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia disponen de 2 meses para adaptarse a las directrices incluidas en las siguientes directivas de 2018: Directiva (UE) 2018/850, Directiva (UE) 2018/851 sobre la gestión de residuos, que modifica una anterior, y Directiva (UE) 2018/852.
A adaptarse a las nuevas directrices de funcionamiento para los regímenes de responsabilidad ampliada, que se suman a la renovación de las normas sobre la prevención de residuos y el establecimiento de requisitos en materia de reciclado.
Fijando para el 2025 cifras de reciclaje del 55% de los residuos municipales medidos en peso, con un incremento progresivo al 60% en 2030 y a un 65% para 2035. Para este mismo año se establece una limitación de la cantidad de residuos municipales enviados a los vertederos en un 10%. Por otro lado, la Comisión Europea exige a los distintos países miembros implicados el establecimiento de sistemas seguros y eficaces de control de calidad y trazabilidad de dichos residuos que llegan a los vertederos.
Ante el creciente problema medioambiental que están generando en todos los ecosistemas del planeta, la Directiva obliga tanto a los países como a los productores a implementar medidas que reduzcan al mínimo el impacto medioambiental de los envases, así como su propia generación, intentando reducir los residuos al mínimo.
Son aplicables de forma inmediata, con un plazo máximo de 60 días. En caso contrario, el siguiente paso de la Comisión Europea será la puesta en marcha de acciones legales más severas ante el Tribunal Europeo de Justicia, que podría establecer serias condenas a cada país.
Establecidos en el Pacto Verde de 2019 y de las Directivas medioambientales de la Comisión Europea son de suma importancia para mitigar de forma inmediata los efectos del ya más que evidente cambio climático y asegurar el futuro de la población europea y mundial.
El mencionado Pacto Verde, de cumplimiento obligado por España, tiene como objetivo principal conseguir en 2050 una Europa climáticamente neutra, que nos permita proteger nuestro entorno natural y mantener un estado de bienestar para las personas, el planeta y la economía.
Aborda distintos ámbitos de acción, entre ellos la reducción a cero de la contaminación y las sustancias tóxicas, la generación de energía limpia y segura, la preservación de los ecosistemas, una movilidad sostenible e inteligente o la creación de una industria limpia y sostenible.
Este proceso iniciado en la UE y acordado por los estados miembros busca ser un referente mundial en cuanto a economía verde e innovación. Se enfrenta a numerosos retos, como el de transformar el sector industrial y todas las cadenas de valor en un sistema limpio y respetuoso con el medio ambiente.
La economía circular se convierte en un ideal productivo. Virginijus Sinkevičius comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea, asegura que se trata de una gran oportunidad para iniciar la transición ecológica de nuestra economía.
Insta a la aplicación de medidas que cambien el primer eslabón de la cadena de sostenibilidad, es decir, el diseño de los productos. Las empresas deben tomar medidas pensando en el futuro para generar oportunidades de negocio y crear nuevos modelos de trabajo y empleo.
La transición hacia un modelo industrial sostenible ya está en marcha en toda la Unión Europea. El esfuerzo conjunto de gobiernos y empresas será la clave para alcanzar los objetivos impuestos por Europa en pro de un bien común: la protección del medio ambiente.
Y aunque los esfuerzos se han doblado en los últimos años avanzamos a pasos demasiado lentos y se hace patente el incumplimiento de las normativas, el retraso de las acciones y las críticas a la administración española.
Imágenes: Unsplash y Freepik
Els ODS en els indicadors de gestió d’una empresa del sector del metall | CÁMARA VALENCIA
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