Hace unos meses, un cliente nos llamó bastante confundido. Acababa de perder una licitación que, en precio y experiencia, tenía prácticamente ganada.
El motivo: no había sumado ni un solo punto en los criterios ambientales.
No porque su empresa contaminara ni hiciera las cosas mal, sino porque nadie le había avisado de que eso ya se puntuaba… y de que puntuaba fuerte.
Y eso pasa más de lo que crees.
La relación entre sostenibilidad y contratos públicos cambió hace tiempo, pero la mayoría de empresas lo descubre demasiado tarde.
No te decimos esto para agobiarte. Te lo decimos porque tiene solución y, además, es más accesible de lo que parece.
Si estás empezando a moverte en el mundo de la contratación pública, o si llevas un tiempo y nunca te habías parado a mirar este apartado en serio, este artículo es para ti.
Hubo un tiempo en que la sección ambiental quizá era poco más que una declaración de intenciones. Nadie la miraba demasiado. Y, desde luego, nadie perdía una licitación por ella.
Ese tiempo ya pasó.
Hoy, la sostenibilidad en los contratos públicos es un eje real de evaluación y, en algunos sectores -construcción, servicios o suministros- puede representar entre un 15 % y un 30 % de la puntuación total de una oferta.
Para una empresa que compite en precio con otras tres o cuatro igual de preparadas, ese margen lo es todo.
¿Por qué se ha producido este cambio tan marcado? La respuesta tiene varias capas:
El punto de inflexión llegó con la Directiva europea 2014/24/UE. Fue la primera vez que Europa estableció con claridad -y con rango normativo- que los criterios ambientales no solo podían utilizarse en una licitación, sino que debían considerarse de forma sistemática.
España la transpuso a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que sigue siendo hoy el marco de referencia para cualquier empresa que quiera licitar con la administración.
Desde entonces, la tendencia no ha dejado de avanzar.
Por su parte, el Plan de Contratación Pública Ecológica 2023-2025, aprobado por el Ministerio de Hacienda, establece porcentajes mínimos de contratos con criterios verdes según el tipo de producto o servicio, con sistemas de seguimiento y reporte incluidos.
Dicho todo lo anterior, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto puntúa realmente esto?
Depende del contrato, del órgano de contratación y del sector.
En los contratos con criterios de adjudicación múltiples -que son la mayoría-, los criterios ambientales suelen representar entre un 10 % y un 35 % de la puntuación total.
En sectores como obra pública, servicios de limpieza, transporte o suministro de energía, ese porcentaje suele situarse en la parte alta. En contratos más técnicos o de consultoría puede ser menor, pero raramente desaparece del todo.
La contratación pública en España lleva años evolucionando en esta dirección. Desde que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público abrió la puerta a incluir consideraciones medioambientales, muchas administraciones han pasado de poder incorporarlas a hacerlo de forma sistemática.
Y, con la presión de los fondos europeos Next Generation -que exigen el principio DNSH (Do No Significant Harm)-, el listón no ha hecho más que subir.
Pero ¿qué significa eso en la práctica?
La respuesta honesta es que depende del tipo de contrato, del organismo convocante y del sector.
Dicho esto, dentro de ese universo de criterios ambientales hay dos áreas que concentran la mayor parte de la puntuación en la mayoría de los pliegos que manejo:
Si hay un criterio que aparece casi sin excepción en los pliegos de los últimos dos años, es este.
Y tiene lógica: la eficiencia energética es uno de los compromisos más visibles del Plan de Contratación Pública Ecológica del Gobierno.
¿Qué significa en la práctica? Depende del contrato.
En suministros, puede implicar que el producto ofertado tenga una clasificación energética mínima o que acredites que tu proceso productivo cumple determinados estándares de consumo.
En servicios, puede traducirse en exigir que los vehículos utilizados para la prestación sean eléctricos o de bajas emisiones, o que las instalaciones desde las que operas cuenten con una certificación energética vigente.
Este es el criterio que más subestiman las empresas que empiezan en contratación pública sostenible.
Especialmente porque se lo toman como un simple trámite: rellenan un par de líneas en la memoria ambiental y pasan al siguiente apartado. Y luego se preguntan por qué no puntúan.
La gestión de residuos y emisiones no consiste solo en decir que separas cartón y papel en la oficina.
Los pliegos más exigentes piden acreditar que tienes identificados los residuos que genera tu actividad, que trabajas con gestores autorizados, que llevas un registro y que puedes demostrarlo con documentación.
En sectores como la construcción, la limpieza industrial o el catering para organismos públicos, esto ya es prácticamente un requisito de admisión.
En cuanto a emisiones, cada vez más pliegos solicitan el cálculo de la huella de carbono asociada al contrato o, al menos, un compromiso verificable de reducción.
La buena noticia es que prepararse no significa reinventarse. La mayoría de empresas que trabajan con contratos públicos ya tienen parte del camino recorrido; simplemente no lo tienen documentado de la forma que exige la administración.
De hecho, hay empresas que consiguen puntos en criterios ambientales sin haber cambiado prácticamente nada en su operativa.
Pero llega un momento en que prepararse ya no es suficiente. Hay que demostrarlo. Y para eso existen dos palancas que marcan la diferencia en cualquier oferta:
La más habitual es la ISO 14001, el estándar internacional de sistemas de gestión ambiental. Si tu empresa la tiene, acredita que existe un sistema real de control y mejora continua en materia ambiental.
Muy cerca aparece el reglamento EMAS -menos conocido, pero muy valorado en la contratación pública española-, que va un paso más allá de la ISO porque exige una declaración ambiental verificada externamente y publicada.
En determinados sectores también aparecen con frecuencia la ISO 50001 -gestión de energía- y etiquetas como el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental o la Etiqueta Ecológica Europea, especialmente en contratos de suministros y servicios de limpieza.
¿Y si no tienes ninguna certificación?
No es el fin del mundo, pero sí una señal de alerta. Muchos pliegos admiten declaraciones responsables o memorias ambientales propias como alternativa, siempre que estén respaldadas por datos verificables.
Las certificaciones abren puertas. Pero las evidencias son las que convencen.
Hay una diferencia importante entre decir “nuestra empresa está comprometida con el medio ambiente” y afirmar “en el último año redujimos nuestras emisiones de CO₂ un 18 % respecto al ejercicio anterior”.
La primera frase no puntúa. La segunda, sí.
Entonces, ¿qué tipo de métricas se valoran más?
Depende del contrato, pero hay algunas que aparecen con mucha frecuencia:
La realidad es que los errores más frecuentes no son técnicos. Son errores de forma: de presentación o de desconocimiento de las reglas del juego.
Si hubiera que resumirlos en dos -los más comunes y, al mismo tiempo, los más fáciles de evitar con un poco de orden- serían estos:
Cuando una empresa me pregunta por qué no ha puntuado en el bloque ambiental, lo primero que hacemos es revisar qué pedía exactamente el pliego.
Y casi siempre encontramos lo mismo: el pliego pedía algo concreto y la empresa presentó algo parecido, pero no exactamente lo solicitado.
Eso no puntúa.
La acreditación ambiental en contratación pública no funciona por aproximación. Si el pliego exige una certificación ISO 14001 vigente, no sirve una declaración responsable diciendo que “trabajas conforme a sus principios”.
Si pide el registro EMAS, no basta con la ISO. Si solicita un plan de gestión de residuos validado externamente, no sirve uno interno sin firmar.
Este error es más sutil que el anterior y, por eso mismo, más peligroso.
No hablamos de falsedad. Hablamos de documentación que, al leerse en conjunto, no encaja.
Imagina que en tu oferta declaras que el 80 % de tu flota de vehículos es eléctrica, pero el plan de movilidad que adjuntas solo menciona dos coches eléctricos sobre un total de veinte.
O que presentas una política ambiental fechada en 2024 con objetivos para “los próximos dos años”, pero adjuntas un certificado de auditoría de 2019 como evidencia de cumplimiento.
Ninguna de estas incoherencias tiene por qué ser intencionada. Pero todas restan puntos y, en algunos casos, pueden derivar incluso en exclusión por documentación contradictoria.
Hay empresas que llegaron a la sostenibilidad porque se lo exigieron. Y hay empresas que llegaron porque lo vieron venir. Hoy, la diferencia entre unas y otras se mide en contratos.
Por eso, integrar criterios ambientales en la estrategia empresarial no es un gesto de imagen ni una simple casilla que marcar en el pliego. Es una decisión de negocio.
Hasta aquí el panorama general. Ahora viene lo concreto, que es donde esto se vuelve realmente interesante:
Cuando una empresa empieza a tomarse en serio la sostenibilidad, lo primero que suele notar no es un cambio interno, sino una invitación a una licitación a la que antes ni siquiera llegaba.
No es casualidad.
La contratación pública en España mueve más de 200.000 millones de euros al año. Y una parte creciente de ese volumen está reservada, priorizada o directamente condicionada a que los proveedores acrediten compromisos ambientales reales.
Por eso, cada vez más grandes empresas privadas aplican criterios de sostenibilidad a sus propias cadenas de suministro.
La reputación tarda años en construirse y muy poco en deteriorarse. Eso lo sabe cualquier empresa con experiencia en el mercado.
Cuando una organización acredita compromisos ambientales reales -no una página bonita en su web, sino políticas aplicadas, datos medibles y certificaciones verificables- transmite algo que va mucho más allá del marketing.
Hay, además, un efecto del que se habla poco: la reputación sostenible también protege.
Una empresa con un historial ambiental sólido y documentado tiene más margen cuando comete un error puntual. La confianza acumulada actúa como un colchón.
Nadie llega a la sostenibilidad con entusiasmo la primera vez. La mayoría llega porque un pliego lo exigía, porque un cliente lo pidió o porque alguien en el equipo levantó la mano y dijo: “Deberíamos hacer algo con esto”.
Y está bien. Así empiezan muchas transformaciones.
Lo que cambia con el tiempo, para las empresas que se lo toman en serio, es la perspectiva.
Dejan de ver los criterios ambientales como un trámite y empiezan a entenderlos como lo que realmente son: una señal clara de hacia dónde se dirige el mercado.
Así que, si has llegado hasta aquí, probablemente ya sabes que esto te afecta. La pregunta ya no es si merece la pena, sino qué vas a mover primero.
Si quieres que lo revisemos juntos, cuéntanos en qué punto está tu empresa: qué licitaciones tienes en el horizonte, qué acreditaciones tienes ya y qué vacíos detectas en tu propuesta ambiental.
Guía para la tramitación y gestión de proyectos de energías renovables en la Comunidad Valenciana | CONSEJO DE CÁMARAS COMUNIDAD VALENCIANA
Guía para la tramitación y gestión de proyectos de energías renovables en la Comunidad Valenciana | CONSEJO DE CÁMARAS COMUNIDAD VALENCIANA
¿Eres un proveedor de soluciones de sostenibilidad y quieres aparecer en este portal?
¿Eres una empresa y no encuentras lo que estás buscando?
Recibe cada dos semanas todas las novedades sobre sostenibilidad empresarial.
C/Poeta Querol, 15 - 46002
València
Tlf. 963 103 998
Telefónica: 9:00 a 14:00
Presencial: solicitar cita previa a portaldesostenibilidad@camaravalencia.com
