La movilidad sostenible se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de las políticas municipales de sostenibilidad, lucha contra el cambio climático y mejora de la calidad de vida. En España, la legislación ha evolucionado significativamente en los últimos años, estableciendo nuevas obligaciones para los ayuntamientos en materia de planificación del transporte, reducción de emisiones y accesibilidad.

Con la aprobación de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, se refuerza un marco normativo que ya contemplaba la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, situando la movilidad como un elemento estratégico de la planificación local.

¿Qué es un Plan de Movilidad Urbana Sostenible?

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un instrumento de planificación estratégica que permite a los ayuntamientos organizar los desplazamientos de personas y mercancías dentro de su territorio, promoviendo medios de transporte más eficientes, accesibles, seguros y respetuosos con el medio ambiente.
Su finalidad no consiste únicamente en reducir el tráfico de vehículos privados, sino en transformar progresivamente el modelo de movilidad municipal para garantizar que la ciudadanía pueda acceder a sus lugares de trabajo, centros educativos, servicios sanitarios, comercios y espacios públicos en condiciones adecuadas.
La Ley 9/2025 define los planes de movilidad sostenible de entidades locales como instrumentos que recogen actuaciones destinadas a implantar formas de desplazamiento de menor impacto ambiental, incluyendo el transporte público, la movilidad compartida y los desplazamientos activos, como caminar o utilizar la bicicleta.
Por tanto, un PMUS debe integrar las dimensiones ambiental, social y económica de la sostenibilidad, considerando también la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la seguridad vial.

Jerarquía de la movilidad: Establece un orden de prioridad en los desplazamientos:
1. Movilidad activa (a pie o en bicicleta).
2. Transporte público colectivo.
3. Transporte compartido y de alta ocupación (carpooling, carsharing).
4. Vehículo privado de bajas emisiones.

¿Qué contiene un Plan de Movilidad Urbana Sostenible?

El PMUS se estructura en cuatro grandes etapas que a continuación se exponen, considerando que estas pueden cambiar o adaptarse a la realidad de cada municipio:
1. Diagnóstico de la movilidad
Analizar cómo se desplazan los ciudadanos, qué medios utilizan, dónde existen problemas de tráfico, accesibilidad o aparcamiento y qué necesidades tienen las empresas.
2. Definición de objetivos
Reducir las emisiones de CO₂, mejorar la seguridad vial, favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta y garantizar el acceso a servicios y centros de trabajo.
3. Programa de actuaciones
Proponer medidas concretas, asignar presupuestos, responsables y plazos de ejecución. Por ejemplo, construir conexiones ciclistas o mejorar calles peatonales.
4. Seguimiento y evaluación
Comprobar si las actuaciones funcionan mediante indicadores: reparto modal de los desplazamientos, accidentes, emisiones, uso del transporte público y satisfacción ciudadana.

Las principales líneas estratégicas del PMUS de Gandía son las siguientes:

• Potenciar la utilización del transporte público urbano, haciendo más competitivo a este medio para determinadas relaciones concretas internas
• Rebaja de las externalidades causadas por el tráfico privado como los accidentes y tráfico de agitación en las partes centrales del Casco, del Grao y de la Playa Norte.
• Mejorar la calidad de los viajes peatonales
• Seguir potenciando la bicicleta en los viajes internos al municipio.
• Mejorar e impulsar la movilidad sostenible a centros educativos
• Integrar las acciones de la estrategia de movilidad dentro del desarrollo Smart City.

¿Qué ayuntamientos están obligados a disponer de un plan?

La normativa estatal establece obligaciones diferentes en función de la población municipal y de determinadas condiciones ambientales.
La Ley 7/2021, en su artículo 14.3, estableció la obligación de adoptar planes de movilidad urbana sostenible antes de 2023 para los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares. Esta exigencia también se aplica a los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de determinados contaminantes atmosféricos.
Posteriormente, la Ley 9/2025 amplió las exigencias de planificación. Su artículo 24 establece que los municipios de más de 20.000 y menos de 50.000 habitantes deberán disponer de un plan de movilidad sostenible simplificado, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el 5 de diciembre de 2026.
Estos planes simplificados permiten realizar un diagnóstico y establecer actuaciones proporcionadas a las características y necesidades de cada municipio, sin exigir necesariamente la complejidad de un plan completo.
Las comunidades autónomas pueden establecer obligaciones adicionales, incluso para municipios de menor población, de acuerdo con sus competencias.

¿Qué medidas debe incluir un Plan de Movilidad Sostenible?

Un PMUS debe partir de un diagnóstico de la movilidad municipal, identificando los principales desplazamientos, las infraestructuras disponibles, los problemas de congestión, las emisiones contaminantes y las necesidades de la población.
A partir de este análisis, el ayuntamiento debe establecer objetivos y desarrollar actuaciones concretas, entre las que destacan:

• Movilidad peatonal y ciclista: creación de itinerarios seguros, carriles bici, caminos escolares y espacios urbanos accesibles.
• Transporte público: mejora de frecuencias, cobertura territorial, intermodalidad y accesibilidad.
• Reducción de emisiones: impulso de vehículos de bajas emisiones, infraestructura de recarga y movilidad compartida.
• Distribución urbana de mercancías: optimización de las operaciones logísticas y del reparto de última milla.
• Movilidad inclusiva: atención a personas con discapacidad, mayores y colectivos con dificultades de acceso al transporte.
• Seguridad vial: reducción de la siniestralidad mediante la adaptación de infraestructuras y la pacificación del tráfico.
Además, los planes regulados por el artículo 24 de la Ley 9/2025 deben contemplar medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías, coordinándose con los municipios colindantes para favorecer criterios homogéneos.
No se debe olvidar que dentro de la sostenibilidad hay un vector que es el económico que debe equilibrarse con el medioambiental y social, de manera qiue una movilidad sostenible debe considerar el impacto económico que puede suponer a la actividad económica del municipio o del área de éste que se va a regular. Es fundamental compatibilizar el comercio y demás actividades en el marco del PMUS.

Relación con las Zonas de Bajas Emisiones

Uno de los aspectos fundamentales de la planificación municipal es su relación con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Estas zonas son áreas delimitadas en las que se establecen restricciones de acceso, circulación o estacionamiento de determinados vehículos para reducir la contaminación atmosférica.
El Real Decreto 1052/2022 regula sus requisitos mínimos y establece su integración en los planes de movilidad urbana sostenible.
Sin embargo, un PMUS y una ZBE no son lo mismo. Mientras que la ZBE constituye una medida concreta de gestión ambiental del tráfico, el PMUS abarca el conjunto de políticas municipales de movilidad.
Por ello, la implantación de una ZBE no sustituye la necesidad de disponer de una planificación integral de la movilidad.

Seguimiento, revisión y evaluación

La planificación de la movilidad sostenible no termina con la aprobación del documento.
La Ley 9/2025 establece que las entidades territoriales obligadas deben elaborar un informe de seguimiento cada tres años, evaluando la implantación de las actuaciones y sus resultados.
Asimismo, los planes simplificados deben revisarse, al menos, cada seis años, salvo que la normativa autonómica establezca otra periodicidad.
Los planes, sus revisiones y los informes de seguimiento deberán comunicarse a la autoridad autonómica competente en el plazo de tres meses desde su adopción, conforme al artículo 27.
Para evaluar su eficacia, resulta recomendable utilizar indicadores como la distribución modal de desplazamientos, las emisiones de CO₂, la calidad del aire, la siniestralidad vial y la accesibilidad al transporte público.

Una oportunidad estratégica para los municipios

Más allá del cumplimiento normativo, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible representan una oportunidad para transformar los municipios en entornos más saludables, competitivos y resilientes, poniendo a la persona en el centro de las políticas diseñadas desde los Ayuntamientos.
Su adecuada elaboración requiere participación ciudadana, coordinación entre administraciones, colaboración con empresas y disponibilidad de recursos económicos y técnicos.
También permite integrar la movilidad en las estrategias municipales de sostenibilidad, acción climática y desarrollo urbano, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al ODS 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, y al ODS 13, de acción por el clima.
En definitiva, un Plan de Movilidad Sostenible no debe entenderse únicamente como una obligación administrativa, sino como una herramienta de gestión pública para mejorar la calidad de vida, reducir el impacto ambiental de los desplazamientos y garantizar una movilidad más equitativa y eficiente.

Este artículo se ha elaborado en el marco de la Resolución del Servicio de Cooperación Municipal de la Diputación de Valencia de concesión de una subvención a la Oficina de Sostenibilidad de Cámara Valencia para el fomento de políticas de competitividad empresarial en el ejercicio 2026.