La inteligencia artificial promete (y amenaza con) mejorar la productividad y facilitar decisiones complejas, pero su relación con la sostenibilidad es ambivalente. Es cierto que los modelos predictivos pueden optimizar el consumo energético, anticipar averías, mejorar el riego o gestionar redes eléctricas con generación intermitente.
Pero, al mismo tiempo, entrenar y utilizar sistemas de IA requiere electricidad, agua, infraestructura digital y materiales. Evaluar su contribución exige comparar beneficios reales con costes directos e indirectos.

Para evaluar correctamente esta ambivalencia conviene distinguir entre eficiencia técnica y sostenibilidad del sistema. Un algoritmo puede reducir el consumo eléctrico por unidad producida y, sin embargo, favorecer una expansión de la producción que incremente el consumo total.
También puede mejorar la precisión de una previsión sin cambiar decisiones relevantes. La medida adecuada no es, por tanto, la sofisticación del modelo ni el ahorro estimado en condiciones de laboratorio, sino el efecto adicional atribuible a su uso frente a una alternativa realista. Esa comparación exige datos, indicadores y seguimiento temporal.
En el plano ambiental, la IA puede mejorar la eficiencia de edificios, logística y procesos industriales. Su aportación, sin embargo, depende del contexto: optimizar un sistema alimentado por combustibles fósiles no tiene el mismo efecto que hacerlo sobre una red con elevada penetración renovable.
Además, una mejora de eficiencia puede reducir el coste de utilizar un servicio y estimular su demanda, compensando parte del ahorro inicial. Este efecto rebote obliga a medir resultados agregados, no solo ganancias técnicas por operación.
El consumo de recursos asociado a la infraestructura digital merece una consideración específica. Los centros de datos necesitan electricidad y refrigeración, mientras que los equipos informáticos requieren materiales y procesos industriales complejos.
El impacto varía con la localización, la combinación energética y la intensidad de utilización de los servidores. No es equivalente desplazar una tarea hacia una instalación abastecida por electricidad baja en carbono que hacerlo hacia una red dependiente de combustibles fósiles. Además, la renovación acelerada del hardware puede aumentar residuos electrónicos y presiones extractivas.
La dimensión social es igualmente relevante. La automatización puede complementar tareas, aumentar la seguridad laboral y liberar tiempo para actividades de mayor valor, pero también desplazar ocupaciones y concentrar rentas en empresas que controlan datos, capacidad computacional y talento especializado.
La sostenibilidad social exige políticas de formación, competencia, protección de datos y acceso equitativo a las nuevas herramientas. La tecnología no determina por sí sola cómo se distribuyen sus beneficios.
Existen, no obstante, aplicaciones prometedoras. En sistemas eléctricos con una elevada proporción de renovables, mejores predicciones de demanda y generación pueden facilitar la operación de la red.
En agricultura, los sistemas de apoyo a decisiones pueden ajustar riego y fertilización a condiciones locales. En mantenimiento industrial, detectar fallos antes de que ocurran evita desperdicios y paradas. Ninguno de estos beneficios es automático: depende de la calidad de los sensores, de la posibilidad de ejecutar recomendaciones y de los incentivos de quienes toman decisiones.
Desde la perspectiva de la gobernanza, la IA puede reforzar la trazabilidad de cadenas de suministro y detectar anomalías en informes de sostenibilidad. Pero los sistemas opacos también pueden reproducir sesgos, generar información errónea o facilitar una apariencia de cumplimiento sin mejoras verificables. Por ello, la supervisión humana, la auditabilidad y la calidad de los datos son condiciones necesarias para un uso responsable.
La dimensión económica plantea problemas de concentración. Desarrollar modelos avanzados puede exigir grandes volúmenes de datos, capacidad de cómputo y talento escaso, recursos que no están igualmente distribuidos.
Las empresas pequeñas pueden beneficiarse de servicios accesibles, pero también adquirir nuevas dependencias respecto de proveedores dominantes. La política de competencia, la interoperabilidad y el acceso a capacidades digitales influyen en quién captura las ganancias de productividad. Una transición tecnológica socialmente sostenible necesita que los beneficios se difundan y no queden limitados a unos pocos actores.
La cuestión decisiva no es si la IA es sostenible en abstracto, sino bajo qué aplicaciones, fuentes de energía e instituciones produce un beneficio neto. Una evaluación rigurosa debería considerar el ciclo de vida de la infraestructura, los efectos de sustitución y rebote y la distribución de resultados. La IA será un instrumento de sostenibilidad cuando sus incentivos económicos se alineen con objetivos ambientales y sociales verificables.
Por último, la gobernanza debe responder a problemas de responsabilidad. Si un sistema recomienda una inversión, clasifica riesgos ambientales o selecciona beneficiarios de una ayuda, alguien debe poder explicar y revisar el procedimiento.
La automatización no elimina la obligación de justificar decisiones. Auditorías, documentación de datos, evaluación de sesgos y supervisión humana son instrumentos útiles, pero también tienen costes y límites. La pregunta de política pública consiste en graduar las exigencias según el riesgo de cada aplicación, sin bloquear innovaciones que puedan contribuir de manera comprobable a objetivos sostenibles.
En conjunto, este problema invita a distinguir entre una solución óptima para un escenario previsto y una estrategia robusta ante diversos futuros posibles. La primera puede maximizar resultados en condiciones conocidas; la segunda procura limitar daños irreversibles, conservar opciones y facilitar correcciones oportunas.
Ninguna elimina las decisiones difíciles ni sustituye la evidencia empírica. Precisamente por ello, un enfoque económico de la sostenibilidad debe hacer explícitos los supuestos, los conflictos distributivos y las incertidumbres que acompañan a cada recomendación.
Este artículo se ha realizado en el marco de la Resolución de IVACE de concesión de una subvención al Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, para el fomento de la Sostenibilidad en el año 2026.
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