Imaginemos dos empresas que ejecutan la misma rehabilitación de fachada por 180.000 euros, en el mismo plazo y con la misma calidad técnica. La primera es una constructora convencional con plantilla estable y buen hacer. La segunda es una empresa de inserción que ha ejecutado la obra con un 40 % de trabajadores en itinerario de inserción, ha impartido 120 horas de formación en oficio, ha comprado el 80 % de sus suministros en la comarca y ha conseguido que, seis meses después, tres de esas personas firmen contrato en empresas ordinarias.

Para la contabilidad, las dos obras son idénticas: mismos ingresos, costes similares, márgenes parecidos. Para la sociedad, no se parecen en nada. La segunda ha reducido gasto público en prestaciones, ha generado cotizaciones nuevas, ha capitalizado profesionalmente a tres personas y ha inyectado renta en la economía local. Ese valor existe, pero no aparece en ninguna cuenta de resultados. Medir el impacto social es, exactamente, la contabilidad de esa diferencia.

La economía social

La economía social no se define por lo que produce, sino por cómo se organiza y a qué destina sus resultados: primacía de las personas y del fin social sobre el capital, gestión democrática, aplicación de los resultados al fin social y solidaridad con el entorno.

No es un fenómeno marginal. En España operan más de 127.000 empresas y entidades de economía social, que sostienen en torno a 2,25 millones de empleos. La Comunitat Valenciana ocupa un lugar destacado en ese mapa: más de 2.500 cooperativas, más de 63.000 empleos directos y una aportación cercana al 7 % del PIB regional.

En la construcción, por ejemplo, conviven varias familias (cooperativas de trabajo asociado, empresas de inserción, centros especiales de empleo, sociedades laborales y cooperativas de viviendas) y una misma obra puede reunir a cuatro de ellas. La obra es, además, un vehículo privilegiado de impacto social: intensiva en empleo y en oficios accesibles, transforma físicamente el entorno, actúa sobre necesidades básicas como vivienda digna, eficiencia energética y accesibilidad, y fija actividad en el territorio, porque una obra no se deslocaliza.

Cada vez más dinero, público y privado, se mueve con condiciones sociales y ambientales, además de las económicas. Es lo que llamamos el triple impacto. Los programas de rehabilitación financiados con fondos europeos exigen indicadores de hogares beneficiados, de reducción de consumo o de población vulnerable atendida; la banca ética y los fondos de inversión evalúan el desempeño social de sus prestatarios; las convocatorias de fundaciones piden evidencias de resultado, no de actividad. Quien ya mide llega a esas justificaciones con los deberes hechos; el resto improvisa a posteriori, con datos incompletos.

Por otra parte, la normativa de contratación pública obliga a incorporar criterios sociales y ambientales cuando guardan relación con el objeto del contrato, y permite reservar contratos a empresas de inserción y centros especiales de empleo. Donde hay puntos, hay competencia. Ante un criterio que valora la inserción laboral casi todos los licitadores prometen, pero muy pocos pueden adjuntar datos verificados de obras anteriores: la diferencia entre “nos comprometemos a” y “en nuestras últimas cinco obras hemos conseguido” es, con frecuencia, la diferencia entre perder y ganar. Y quien conoce sus propios datos dimensiona sus compromisos con realismo, algo nada menor, porque los compromisos sociales de una oferta son contractuales y sobreprometer se paga en penalidades.

Tres palabras que no significan lo mismo

El error conceptual más frecuente, y el que más credibilidad cuesta, es confundir tres niveles. Los outputs son lo que la entidad produce directamente: viviendas rehabilitadas, empleos generados, horas de formación, toneladas de residuos valorizadas. Los outcomes son el cambio que se produce en las personas: alguien que estaba fuera del mercado laboral y ahora trabaja, un hogar que ha dejado de pasar frío. Y el impacto es la parte de ese cambio que no habría ocurrido sin la intervención, una vez descontado lo que habría pasado igual y compartido el mérito con quien también contribuyó. Afirmar impacto donde solo hay actividad es el camino más rápido para perder la confianza de un evaluador: una cifra modesta y defendible vale más que una espectacular e inflada.

Hay una acción poco visible pero probablemente la más importante: medir para saber qué funciona. Qué tipo de trabajo genera más inserción por euro facturado, si funciona mejor la formación previa o la formación en el puesto, en qué fase del itinerario se producen los abandonos. Sin datos, la gestión del impacto es una colección de intuiciones; con datos, es una disciplina de mejora continua, igual que la calidad o la prevención.

Si medir es tan ventajoso, ¿por qué lo hacen tan pocas entidades? Porque alrededor de la medición se ha construido una mitología de complejidad.

Se dice que es caro y solo está al alcance de las grandes. Es cierto que un estudio completo de retorno social con verificación externa cuesta dinero, pero la mayor parte del valor se obtiene con herramientas que cuestan casi nada: una matriz de impacto bien planteada, media docena de indicadores integrados en los partes de obra y dos cuestionarios sencillos. El error está en creer que se empieza por el final.

Se dice que lo social no se puede medir. Se puede, aunque no con la precisión de un presupuesto de cualquier trabajo, y no hace falta: la medición trabaja con estimaciones prudentes y supuestos explícitos. Los evaluadores serios no penalizan la estimación, penalizan la opacidad.

Un error importante: muchas veces se dice que ya se hace bien y no hace falta demostrarlo. Es el mito más peligroso, porque en un entorno competitivo lo no demostrado simplemente no computa.

Comúnmente se cree que medir y evaluar enterrará a la entidad en burocracia. Solo si se hace mal: los datos deben salir de los documentos que la empresa ya genera (partes de trabajo, contratos, albaranes, registros de formación), sin sistemas paralelos. Si medir duele, está mal diseñado.

Y, por último, otro de los grandes miedos: publicar datos expone a críticas. Es al contrario: reconocer que este año la tasa de inserción bajó, y explicar por qué, resulta más creíble que una colección de éxitos sin sombras. El riesgo reputacional real está en las cifras infladas, no en las honestas.

Empezar es más fácil de lo que parece: definir el alcance antes de que arranque un trabajo, capturar la línea de base (situaciones laborales, facturas, certificados, fotografías del “antes”), elegir entre ocho y doce indicadores, recoger el dato durante la ejecución y analizarlo al cierre. Dos a cuatro horas al mes bastan para ese primer nivel, sin coste externo.

Después queda contarlo, y contarlo a la medida de quien lo va a leer: a la mesa de contratación, evidencias verificables; al financiador, la transformación explicada con metodología; al barrio y a los medios, las personas y las imágenes; a la asamblea, comparativas y decisiones. El error capital es el informe de ochenta páginas que nadie abre.

Porque el fondo del asunto es simple: lo que no se mide no se ve, y lo que no se ve, en la práctica, no cuenta. Medir y comunicar es la forma de hacer valer lo que ya se está haciendo.