Quizá alguien mencionó en alguna reunión la taxonomía verde europea y todos asintieron con cara de entenderlo.
Pero después, en el pasillo, se preguntaron: ¿esto me afecta a mí o es cosa de grandes corporaciones?
Si tu empresa está en Europa o trabaja con clientes europeos, lo más probable es que sí te afecte.
La buena noticia es que la taxonomía verde no requiere que lo entiendas todo desde el primer día.
Lo que sí pide es que sepas dónde estás parado, qué se espera de tu sector, qué datos necesitas reunir y qué pasos puedes dar desde ya.
La taxonomía verde europea es, en pocas palabras, un diccionario común.
Un sistema de clasificación que define qué actividades económicas pueden llamarse «sostenibles» y bajo qué condiciones.
Ahora bien, entender el qué es solo el primer paso:
El problema no era que las empresas mintieran. Era que no había forma de verificar quién decía la verdad.
El resultado era que dos productos con la misma etiqueta podían tener poco o nada en común, y nadie podía compararlos de forma fiable.
El Acuerdo de París marcaba la meta de neutralidad climática en 2050, mientras que el Pacto Verde Europeo trazó la hoja de ruta.
Y la Taxonomía se diseñó como una de las herramientas para que esa hoja de ruta funcionara, no como declaración de intenciones, sino como mecanismo operativo.
No basta con que una actividad «encaje» en la taxonomía para llamarla sostenible.
Ahí es donde entran en juego dos conceptos que conviene no confundir: elegibilidad y alineación.
La elegibilidad significa que tu actividad aparece en el catálogo de la Comisión Europea y que, en teoría, podría ser sostenible.
Mientras que la alineación es la verificación real, ya que demuestras, con datos, que cumples los criterios técnicos, que no perjudicas a los demás objetivos ambientales.
La taxonomía verde europea divide la sostenibilidad en seis objetivos ambientales concretos:
A su vez, los seis objetivos se desarrollaron en dos bloques temporales distintos:
Estos dos objetivos fueron los primeros en tener criterios técnicos definidos.
La Comisión Europea los desarrolló a través del Acta Delegada Climática, publicada en 2021 y aplicable desde enero de 2022.
Mitigación se refiere a todo lo que reduce o evita emisiones de gases de efecto invernadero.
Adaptación, en cambio, mide la capacidad de una actividad para resistir los efectos ya inevitables del cambio climático.
Los otros cuatro objetivos llegaron después, con el Acta Delegada Medioambiental, aprobada en 2023 y aplicable desde enero de 2024.
Esto significa que su desarrollo técnico es más reciente y, en algunos sectores, todavía se está afinando.
Uso sostenible del agua y de los recursos marinos evalúa cómo una actividad protege los ecosistemas acuáticos y gestiona el consumo hídrico.
Transición a una economía circular mide la reducción de residuos, la reutilización de materiales y el diseño pensado para durar.
Prevención y control de la contaminación pone el foco en emisiones al aire, al agua y al suelo, más allá del CO2.
Y la protección de la biodiversidad exige valorar el impacto de la actividad sobre especies y hábitats.
Las obligaciones directas de reporting recaen, sobre todo, en aquellas empresas sujetas a la Directiva de Información No Financiera, las entidades cotizadas, bancos, aseguradoras y gestoras de activos con más de 500 empleados.
Estas compañías deben calcular qué porcentaje de su facturación, sus inversiones (capex) y sus gastos operativos (opex) proviene de actividades alineadas con los criterios técnicos de la Taxonomía.
Ahora bien, que una pyme no tenga que reportar no significa que quede al margen:
La taxonomía no funciona sola, vive dentro de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), que es la que obliga a determinadas empresas a publicar información de sostenibilidad de forma estructurada.
Dicho de otra forma, la CSRD marca el «dónde» y el «cómo» se reporta, mientras que la Taxonomía aporta los indicadores concretos que hay que incluir dentro de ese informe.
Estos datos no van sueltos. Se integran dentro del informe de sostenibilidad bajo los estándares europeos de reporting, los ESRS (European Sustainability Reporting Standards), que exigen su propio nivel de detalle y trazabilidad.
Aquí está el matiz que muchas pymes pasan por alto. Si eres proveedor de una gran empresa obligada a reportar, es probable que te pidan datos de emisiones, consumo energético o prácticas ambientales.
Piénsalo desde la perspectiva de quien compra. Una empresa grande necesita esos datos de sus proveedores para calcular su propio Scope 3 y justificar su porcentaje de alineación taxonómica.
Para que una actividad económica se considere alineada, tiene que superar tres filtros de forma simultánea.
Primero, debe contribuir sustancialmente a al menos uno de los seis objetivos ambientales de la Unión Europea.
Segundo, no puede causar un perjuicio significativo a ninguno de los otros cinco objetivos.
Y tercero, tiene que cumplir unas garantías mínimas de salvaguarda social, alineadas con estándares como los principios de la OCDE o las líneas directrices de Naciones Unidas.
Aquí es donde es recomendable detenerse un momento. Muchas empresas confunden dos conceptos que parecen sinónimos pero no lo son:
Una actividad elegible es aquella que aparece descrita en los actos delegados de la taxonomía europea, dentro de alguno de los sectores cubiertos.
La actividad alineada, en cambio, es la que ya pasó por el filtro completo y contribuye sustancialmente a un objetivo ambiental.
Puede pasar que una empresa tenga un porcentaje alto de actividades elegibles, pero un porcentaje mucho menor de actividades alineadas.
Aquí es donde el marco normativo se pone exigente de verdad. Cada actividad elegible tiene asociados unos criterios de contribución sustancial, específicos según el sector y el objetivo ambiental al que apunte.
Junto a esto llega el principio DNSH (Do No Significant Harm, o «no causar un perjuicio significativo»).
Su lógica es: no vale que una actividad ayude al clima si, de paso, contamina el agua o degrada un ecosistema.
En la práctica, esto obliga a las empresas a hacer evaluaciones técnicas mucho más detalladas de lo habitual:
Antes de lanzarse a clasificar actividades, conviene entender el punto de partida.
¿Qué porcentaje de tu facturación, tus gastos de capital (CapEx) y tus gastos operativos (OpEx) ya podría considerarse elegible bajo los seis objetivos ambientales?
La taxonomía atraviesa toda la organización, así que trabajar en silos solo genera retrabajo más adelante:
Con ese mapa mental ya trazado, toca ponerse manos a la obra con los datos.
Aquí es donde muchas empresas se atascan, porque no basta con saber qué se hace, sino que hay que demostrarlo con evidencia técnica.
Una vez ordenada esa información, se abre la puerta a algo que interesa a cualquier empresa y es el acceso al capital.
Los inversores institucionales y la banca sostenible cada vez piden más este tipo de datos alineados con la taxonomía para decidir dónde poner su dinero.
Prepararse bien no es solo evitar sanciones. Es una forma de ganar credibilidad frente a inversores y de abrir líneas de financiación más ventajosas.
Si tu empresa necesita ordenar este proceso paso a paso, podemos ayudarte a construir esa hoja de ruta desde cero.
Este artículo se ha realizado en el marco de la Resolución de IVACE de concesión de una subvención al Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, para el fomento de la Sostenibilidad en el año 2026.
Guía metodológica del Sistema CAE | Central de Compras de la Diputación de Valencia
Guía metodológica del Sistema CAE | Central de Compras de la Diputación de Valencia
¿Eres un proveedor de soluciones de sostenibilidad y quieres aparecer en este portal?
¿Eres una empresa y no encuentras lo que estás buscando?
Recibe cada dos semanas todas las novedades sobre sostenibilidad empresarial.
C/Poeta Querol, 15 - 46002
València
Tlf. 963 103 998
Telefónica: 9:00 a 14:00
Presencial: solicitar cita previa a portaldesostenibilidad@camaravalencia.com
