El término «compliance» hace referencia al conjunto de procedimientos y herramientas que las empresas adoptan para identificar riesgos operativos y legales, con el fin de evitar cualquier tipo de infracción penal.

Dentro de este contexto, cualquier empresa puede definir e implantar un Sistema de Gestión de Riesgos que prevenga la comisión de delitos que puedan implicar a una persona jurídica, evitando la responsabilidad penal de la misma.

Para ello existen las normas UNE 19.601 y UNE 19.602 que establecen los requisitos necesarios para que las organizaciones certifiquen su modelo de gestión fiscal, reduciendo así los riesgos en este ámbito y proporcionando una prueba sólida ante las autoridades fiscales y judiciales de su voluntad de cumplir con sus obligaciones tributarias.

Objetivos y beneficios de tener bien gestionado el compliance

1. Prevenir la comisión de delitos o actividades ilegales.
2. Garantizar que la empresa cumpla con todas sus obligaciones legales y evitar sanciones.
3. Reducir o eliminar los riesgos penales, mejorar la gestión de estos riesgos.
4. Establecer mecanismos internos para prevenir, detectar, gestionar, controlar y corregir conductas que puedan ser delictivas.
5. Fomentar una cultura de ética y transparencia, influyendo de forma positiva en el comportamiento y actitud de directivos, mandos intermedios y empleados.

El Sistema de Gestión de Compliance debe demostrar el compromiso de la empresa con el cumplimiento normativo, tanto los requisitos legales aplicables, como la normativa interna, incluidos los estándares de buen gobierno corporativo y las expectativas de otros grupos de interés.

Origen

La necesidad de controlar el riesgo penal en las empresas surge a raíz de la implementación de buenas prácticas en el gobierno corporativo y, particularmente, como respuesta a los cambios legislativos.

En España, esta necesidad se refleja en la modificación del Código Penal, que desde el 1 de julio de 2015, en su artículo 31 bis, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este artículo regula una variedad de delitos que pueden cometer las entidades jurídicas, tales como estafa, cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de capitales, entre otros. Además, el artículo 31.bis.4 contempla que la creación de un Sistema de Prevención de Riesgos puede considerarse una circunstancia atenuante.

Un adecuado diseño y gestión del compliance penal y la gestión antisoborno, y una efectiva implantación de estas dos normas, ayuda a las empresas a prevenir y detectar actividades ilícitas, cumplir con la legislación vigente y promover una cultura empresarial basada en la ética y la transparencia.

Este artículo se ha realizado en el marco de la Resolución de la Diputación de Valencia de concesión de una subvención a la Oficina de Sostenibilidad de Cámara Valencia, para el fomento de políticas ESG en el tejido municipal y empresarial en el año 2024.